No a la Ley Gestapo

Por Javier Garza

La siguiente nota solamente tiene el objetivo de documentar la situación que se vive a pesar de que todavía no es válido el cateo sin orden de un juez. Ahora imaginemos lo que pasará en caso de aprobarse la reforma judicial también llamada ley Gestapo.

¿Qué pasa cuando el "ejecutivo federal" que debe darnos garantías promueve quitárnoslas, cuando no toma en cuenta las manifestaciones de ONGS, ciudadanos, legisladores y organismos internacionales que se pronuncian en contra de la citada ley, cuando impone en lugar de buscar consenso?

Si somos los ciudadanos los que debemos cuidarnos del "Ejecutivo", y no podemos confiar en las acciones que emprende, mejor deberíamos exigir su renuncia (permítanme esbozar una sonrisa), después de todo, nosotros somos los que decidimos (ahora una risa franca) y podemos lograrlo (la risa se convierte en carcajada).

No debemos dejar que la ley gestapo avance, hagamos todo lo posible por detenerla.

Denuncia periodista irrupción del Ejército en su domicilio

La Jornada Michoacán, Ernesto Martínez y Rubén Villalpando (Corresponsales)

El corresponsal en Morelia, Michoacán, del periódico La Crónica de Hoy, Ignacio Roque Madrid, denunció que unos 40 elementos del Ejército catearon su domicilio y lo encañonaron durante varias horas.

Aunque lo anterior ocurrió el 14 de febrero, el comunicador indicó que la denuncia la hizo hasta ahora debido a que el militar que comandaba a los soldados lo amenazó. Dijo que eran aproximadamente las 21:30 horas del jueves pasado cuando por lo menos 25 soldados rodearon su casa, en la calle Alemania, colonia Valle Quieto, y otros 15 entraron a su domicilio con los rostros cubiertos, a excepción del que iba al mando.

Relató que sin mostrar ninguna identificación ni orden de cateo, los militares le dijeron que, según sus informes, en la vivienda había una persona secuestrada a la cual no encontraron. El reportero esponsabilizó al Ejército de lo que pueda ocurrirle a él o a su familia, pues aseguró que lo fotografiaron como “señal de advertencia”.

Roque Madrid informó al gobernador Leonel Godoy de lo sucedido e interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la turnó al ombudsman nacional por tratarse de un asunto federal.

En Chihuahua, mientras tanto, los periodistas regionales Dulce Ramos y Marco Antonio Mendoza, que trabajan para el rotativo Diario, denunciaron que fueron encañonados por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes les arrebataron una cámara de video en el municipio de Delicias. Dijeron que aproximadamente a las 11 horas del lunes ambos cubrían un operativo en el que participaban unos 20 agentes federales, que viajaban en dos camionetas Ford F150, números 10683 y 10639, quienes les marcaron el alto para pedirles una identificación.

Unas seis cuadras después de la primera detención, ya con los rostros cubiertos con pasamontañas y portando armas largas, los policías federales rodearon de nuevo el vehículo de los periodistas y uno les pidió que apagaran “esa chingadera” (la cámara de video) y el motor, y que se bajaran del vehículo.

A uno de los periodistas le quitaron la cámara de video, a la que le sacaron el caset, y luego revisaron la camioneta. Minutos después les lanzaron al vehículo sus herramientas de trabajo.

Mientras eran amenazados, los reporteros solicitaron ayuda a la Policía Municipal, que nunca llegó, a pesar de estar a una cuadra del sitio de la agresión.

Hugo Zapata, agente del Ministerio Público Federal adscrito a Delicias, dijo que desconocía la presencia de agentes federales enviados a ese municipio.